sábado, 30 de mayo de 2026 · 15:00

En México ha tomado forma desde hace años un gobierno criminal. Hace mucho que los delincuentes han dejado de operar al amparo de la autoridad y se han convertido ellos mismos en figuras de poder y mando.

La acusación de vínculos entre el poder formal y la delincuencia, hecha por el gobierno de Estados Unidos contra la élite política de Morena en Sinaloa, documentada desde hace años en nuestras páginas, arrinconó al régimen iniciado en 2018, que se encuentra apertrechado en el discurso soberanista y de eficiencia en el combate a la inseguridad.

Más allá de eventuales nuevos embates de la administración Trump contra la clase política mexicana por su amalgama con la delincuencia organizada, los hechos evidencian cada día, y en cualquier parte de la República mexicana, la existencia de una gobernabilidad criminal que afecta a millones de personas.

La reportera Dalila Escobar da a conocer la manera en que los Chapitos se hicieron del control del organismo de aguas en el centro turístico de Los Cabos, en un esquema que iniciaron en Sinaloa durante la gestión de Rocha Moya y que exportaron al gobierno municipal de Baja California Sur que está en manos del Partido del Trabajo, integrante de la coalición oficialista gobernante en el país.

Por si fueran pocos los recursos obtenidos del cobro a la población vía el surtido de agua en pipas, el grupo delictivo controla –vía la extorsión– el lucrativo negocio de los tiempos compartidos. “Ahora trabajamos para ellos”, expresan los empresarios entrevistados.

Esa facción de lo que fue el Cártel de Sinaloa está ahora también en el centro de las investigaciones a los negocios emprendidos por los hijos de Rocha Moya, a quienes se les han congelado, de manera preventiva, cuentas bancarias por las denuncias de tráfico de influencias y de relación de funcionarios de gobierno con empresas fantasma.