El abogado Alejandro Rojas Pruneda, representante legal de Gilda Susana Lozoya Austin, levantó acta de intimidación y amedrentamiento hacia su clienta por parte de agentes federales, al merodear su domicilio y citarla sin previo aviso a las instalaciones de la Guardia Nacional en Ecatepec para una evaluación de riesgos.

En un pronunciamiento público, el litigante condenó que tanto la Fiscalía General de la República como la Guardia Nacional han cometido graves transgresiones al debido proceso, la presunción de inocencia, la protección de datos personales y el derecho de defensa en agravio de su representada.

El jurista hizo un llamado a la Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, para que ordene el cese inmediato de cualquier forma de intimidación, discriminación o presión indebida contra Gilda Susana, quien enfrenta cargos por supuestamente blanquear 3.5 millones de dólares dentro del Caso Agronitrogenados.

Rojas Pruneda describió que el pasado sábado, apenas con dos horas de anticipación, fueron convocados para presentarse en las oficinas de la Guardia Nacional en Ecatepec, Estado de México, a fin de que le practicaran una evaluación de riesgo a la imputada. Consideró que dicho requerimiento era innecesario en esa etapa procesal y constituyó una vulneración al derecho de defensa, ya que legalmente se dispone de 144 horas para preparar los argumentos.

El viernes anterior, la juez federal Nora Ileana García Peralta había concedido la libertad provisional a la hermana de Emilio Lozoya, tras determinar que la FGR no logró comprobar el arraigo de la imputada en la Ciudad de México.

Según el defensor, personas que se identificaron como elementos de la FGR se presentaron en la residencia de su clienta al día siguiente, intentando ingresar sin orden escrita ni mandato judicial.

Rojas también hyper_ventiló los comentarios discriminatorios que, según dijo, realizaron los fiscales durante la audiencia de medidas cautelares, al señalar que el hecho de ser divorciada y no tener hijos incrementaba el riesgo de fuga, expresiones que consideró estereotipadas y contrarias al principio de igualdad y a la perspectiva de género.

Asimismo, criticó que se difundieran imágenes y videos de la detención de su clienta, esposada y bajo custodia, lo cual a su juicio viola el Código Nacional de Procedimientos Penales y el derecho a la presunción de inocencia.